Procesan con prisión preventiva al exagente Raúl Martins por lavado de dinero ligado a la explotación sexual

La jueza federal María Servini resolvió procesar con prisión preventiva a Raúl Martins, exintegrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en una causa en la que se lo investiga por lavado de activos. La magistrada además dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, en el marco de una pesquisa que apunta a determinar si el acusado intervino en maniobras para incorporar al circuito económico formal fondos obtenidos a través de la explotación sexual de mujeres.

Una discusión central: la fecha de las operaciones

El abogado defensor solicitó el sobreseimiento de Martins o, en forma subsidiaria, la falta de mérito. Uno de los ejes del planteo fue la cronología de las maniobras atribuidas. Según el descargo presentado por escrito, las 26 operaciones cuestionadas —vinculadas con la adquisición de inmuebles y la administración de sociedades— se habrían concretado entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que la Justicia tomó como base del delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

El argumento de la defensa y la respuesta del juzgado

La defensa también señaló que el único antecedente firme de explotación sexual se limitaba al local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. En cuanto a otros nueve establecimientos, afirmó que las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas. Martins, además, optó por no responder preguntas en la audiencia de indagatoria y únicamente presentó su defensa por escrito.

En su resolución, Servini rechazó esa línea argumental. Consideró que una sociedad constituida con anterioridad al período bajo investigación puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras. La jueza también evaluó de manera conjunta el rol de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares, y concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

Origen de la causa y situación procesal

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, luego de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Martins, de 77 años, había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún a la Argentina, donde quedó a disposición del juzgado a cargo de Servini.

• Carátula: lavado de activos en el marco de una pesquisa por explotación sexual de mujeres.
• Fiscalía interviniente: a determinar según consta en el expediente; la instrucción fue llevada adelante por el Juzgado Federal a cargo de María Servini.
• Instancia procesal: procesamiento con prisión preventiva y embargo por 300 millones de pesos.
• Próximo paso judicial: la defensa puede apelar la resolución ante la Cámara Federal correspondiente; en paralelo, la investigación continúa para determinar la situación de los bienes y de los demás involucrados en la estructura societaria.