Templo Filadelfia: penas de hasta 24 años y reparaciones por más de 2.170 millones de pesos para 27 víctimas

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 integrantes de la organización conocida como Templo Filadelfia por los delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Las penas se conocieron tras un extenso debate oral en el que la fiscalía describió un sistema de sometimiento que combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones contra las víctimas.

La sentencia incluyó reparaciones económicas por 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas y el decomiso de 46 inmuebles distribuidos en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro. Además, el tribunal ordenó decomisar 12 vehículos y el dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera, y dispuso la subasta de otros 15 automotores, una medida que había sido ordenada durante la instrucción de la causa.

Las penas principales

Eva Petrona Pereyra recibió la condena más alta, de 24 años de prisión. El tribunal la consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. También la condenó por su participación necesaria en delitos vinculados con la supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.

Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años y otros siete acusados recibieron penas de 18 años. En todos los casos, las condenas coincidieron con las solicitadas por el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Fiscalía Federal N°1 de San Martín, que llevó adelante la acusación pública durante el juicio.

En dos situaciones hubo matices. Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich fueron condenados únicamente por asociación ilícita y absueltos por trata agravada y reducción a la servidumbre, pese a que la fiscalía había pedido condena también por esos delitos.

Cómo operaba la organización

• La estructura funcionó, al menos, desde 1972 hasta el 1° de diciembre de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza.
• Tenía anexos en otros puntos del país, Paraguay y Brasil, donde derivaban recursos y derivaban personas.
• El sistema combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones, además de restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

El fallo declaró, además, la prescripción de determinados hechos que perjudicaron a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra. La instancia procesal es la de primera sentencia, por lo que las defensas tienen plazo para apelar el veredicto ante la Cámara Federal de Casación Penal.