Prisión preventiva para los dueños de una concesionaria de Pilar acusados de estafa y asociación ilícita

La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty firmó en las últimas horas la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, titulares de la concesionaria Autos Pilar Premium. La medida fue solicitada por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la pesquisa, en el marco de una causa que los apunta como jefes de una asociación ilícita dedicada a estafar a clientes.

Según la imputación formal, los propietarios de la concesionaria enfrentan cargos por asociación ilícita en calidad de jefes, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel. La causa reunía, hasta el momento de la resolución, un número creciente de damnificados que habrían perdido sumas millonarias en dólares o entregaron sus vehículos sin recibir contraprestación alguna.

Los argumentos de la magistrada

En la resolución, la jueza Rodríguez Mentasty fundamentó la prisión preventiva en dos riesgos procesales concretos: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Sobre el primer punto, mencionó la multiplicidad de hechos y víctimas, los grandes perjuicios ocasionados y la logística empleada para consumarlos, factores que —a su criterio— permiten presumir que los imputados podrían eludir la acción judicial ante una eventual condena de efectivo cumplimiento.

Respecto del segundo riesgo, la magistrada hizo referencia a la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y la posibilidad de manipular documentación relevante. Concluyó que la medida cautelar se presentaba como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.

“La medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.”Jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty

El esquema de las defraudaciones

De acuerdo con lo reconstruido en el expediente, la maniobra investigada habría funcionado a través de dos modalidades principales. En algunos casos, los responsables recibían el pago total en dólares por vehículos que jamás entregaban. En otros, tomaban automóviles de particulares en consignación para venderlos, concretaban la operación y no transferían el producido a los dueños originales.

La investigación se encuentra en etapa de instrucción y la fiscalía aguarda ahora la incorporación formal de nuevas denuncias para ampliar el universo de víctimas. El próximo paso procesal será la elevación a juicio, una vez completadas las medidas de prueba pendientes y la pericia contable sobre los movimientos de la concesionaria.