Pandanés frenada por la Justicia: 25 sucursales cerradas, 150 despidos y un pasivo de 1.200 millones de pesos a la espera de un salvataje
La cadena de panaderías entró en cesación de pagos en octubre del año pasado, presentó un pedido de quiebra que fue rechazado y ahora depende de que acreedores o cooperativas presenten una oferta de acuerdo. Suspendieron los despidos por WhatsApp, no llegan los telegramas y la planta industrial de casi 1.800 metros quedó sobredimensionada para un mercado que, según la propia firma, consumió menos de la mitad.
La cadena de panaderías Pandanés llegó a operar 25 sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires y emplea, o más bien empleaba hasta hace pocas semanas, a 150 personas en forma directa. En los últimos meses esa estructura se desmoronó por completo: todas las bocas de venta fueron bajando sus persianas una tras otra, los trabajadores fueron notificados de su desvinculación a través de mensajes de WhatsApp y, sobre el final, ni siquiera se entregaron los telegramas de despido formales ni se permitió retirar las pertenencias que habían quedado dentro de los locales.
Una caída del consumo que superó el 50%
La empresa arrastra una cesación de pagos desde octubre de 2025, según consta en el expediente judicial. Cuando los representantes legales de Pandanés se presentaron ante el Juzgado Comercial N.º 15 a pedir la quiebra, la argumentación giró en torno a tres ejes: una retracción del consumo que, dijeron, superó el 50% de su volumen histórico, un incremento sostenido de los costos operativos y un desbalance estructural entre la planta industrial y la red de locales. En criollo: vendían mucho menos que antes, pagaban mucho más por los insumos y la capacidad instalada les había quedado grande.
El caso de la planta es el más elocuente. Se trata de una fábrica de 1.778 metros cuadrados inaugurada en noviembre de 2022, en plena etapa de expansión, pensada y financiada para abastecer hasta 50 sucursales propias. Cuando la cadena empezó a achicarse, esa inversión dejó de ser un activo y se transformó en un costo hundido, ya que buena parte de los metros siguen requiriendo mantenimiento, energía y personal, aunque el volumen que sale por el portón se haya reducido a una fracción.
Para dimensionar el impacto en una economía hogareña, vale el ejercicio inverso: si una panadería de barrio típica vende alrededor de 2.000 kilos de pan por día y el pan flauta ronda los 2.500 pesos el kilo en la Ciudad de Buenos Aires, la facturación bruta apenas supera los 5 millones de pesos diarios, antes de descontar harina, energía, alquiler y sueldos. Cuando la demanda se corta a la mitad y la harina, los servicios y los salarios suben al mismo tiempo, el margen se vuelve negativo en pocas semanas. Es, a pequeña escala, el mismo mecanismo que describe la propia compañía.
- Caída del consumo superior al 50% respecto del volumen histórico.
- Planta industrial de 1.778 metros cuadrados sobredimensionada para la red actual.
- Suba internacional del precio de los granos, con impacto directo en la harina.
- Alquileres, energía y salarios actualizados por paritarias sin posibilidad de baja.
- Pasivo concursal cercano a los 1.200 millones de pesos al momento del pedido.
La lectura de Lise Lundme Funch y el intento de salvataje
La gerente de Pandanés, Lise Lundme Funch, fue la cara visible de la crisis y la firma del expediente. Según su propia presentación, la conjunción de menor venta y mayor costo "provocó un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos". La compañía asegura que intentó renegociar alquileres, cambiar de proveedores y cerrar acuerdos con el fisco para regularizar deudas impositivas y previsionales, pero que ninguna de esas medidas alcanzó para revertir el cuadro.
El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y, en cambio, ordenó abrir un registro de cinco días hábiles para que acreedores, cooperativas de trabajadores o terceros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de compra de las cuotas sociales. La resolución se apoyó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que prevé que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales del caso. En otras palabras: la Justicia le dio a Pandanés una ventana para que alguien, desde adentro o desde afuera, arme un plan de rescate.
“La conjunción de menor venta y mayor costo provocó un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés
La sindicatura, mientras tanto, detectó un dato adicional que agrega ruido al expediente: la empresa no habría acreditado el pago regular de aportes a la obra social, a la ART y a otros rubros de la seguridad social, un punto que suele ser observado con particular atención en este tipo de concursos y que podría derivar en acciones administrativas o penales paralelas.
Los trabajadores, en el medio
Del lado de los 150 empleados, la película fue más cruda. La mayoría se enteró del cierre de su local y de su propio despido a través de mensajes de WhatsApp, sin que la empresa completara el procedimiento formal de notificación vía telegrama. En muchos casos, además, no pudieron retirar elementos personales y herramientas de trabajo que quedaron dentro de las sucursales, lo que abrió un nuevo frente de reclamos laborales que se suma al salarial. El personal afectado se concentra ahora en asesorías gremiales y en la expectativa de que, si prospera el salvataje, la fuente de trabajo pueda recomponerse bajo otra estructura societaria. Para el productor de a pie, entendido aquí como el panadero o la dependiente que perdió su empleo, la discusión jurídica sobre el artículo 48 y los 1.200 millones de pasivo se traduce en una pregunta mucho más concreta: si esta semana llega el telegrama, si aparecen las indemnizaciones y si algún día vuelven a abrir las persianas.
