Mendoza pone en marcha una conciliación pública y gratuita para que familias renegocien deudas de consumo

La Provincia de Mendoza puso en marcha un mecanismo gratuito de renegociación de deudas de consumo que permite a las familias revisar las condiciones de sus compromisos financieros con tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos al consumo. La herramienta funciona en el ámbito de la Dirección de Defensa del Consumidor y apunta a los casos en los que el pago de esas obligaciones compromete de manera grave los ingresos del hogar. Cualquier cambio en los contratos, ya sea una quita, un plan de cuotas más extendido o la suspensión temporal de los pagos, depende en todos los casos de un acuerdo entre el deudor y cada uno de sus acreedores.

Quiénes pueden pedir la conciliación y bajo qué condiciones

Pueden solicitar la intervención las personas humanas, mayores de edad, con domicilio real en la provincia de Mendoza, cuya actividad sea con respecto a la ley. Para acceder se exige atravesar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar, entendida como aquella en la que los compromisos financieros superan el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. Ese umbral desciende al 25% cuando se trata de hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, personas desocupadas, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales. En paralelo, el capital total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

• Préstamos personales y financiamiento de compras en locales comerciales.
• Tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras y por plataformas autorizadas para ofrecer ese producto.
• Créditos otorgados por mutuales y cooperativas.
• Deudas con garantía hipotecaria, obligaciones alimentarias, multas y sanciones penales.
• Deudas asumidas con un fin empresarial o comercial, es decir, las que no corresponden al consumo familiar.

Cómo funciona el trámite ante la OCDC

El procedimiento se inicia ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, conocida por la sigla OCDC. La persona que lo solicita debe presentar un listado con cada uno de sus acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de sus activos y pasivos. Con esa información, Defensa del Consumidor cita a los acreedores, que cuentan con hasta diez días hábiles para informar el origen y el estado de cada deuda.

El objetivo de la instancia es abrir una negociación entre las partes para definir nuevos esquemas de pago. Entre las alternativas contempladas figuran la extensión de los plazos, los períodos de gracia y la eliminación de intereses punitorios y gastos por mora, además de la revisión del plan de cuotas. La Provincia no tiene facultades para imponer unilateralmente ninguna de esas condiciones: cualquier modificación del contrato original requiere el consentimiento expreso del acreedor. La decisión final, en todos los casos, queda en manos del juzgado competente que intervenga en el proceso.

Quedan por confirmar los plazos totales del procedimiento, la cantidad de oficinas disponibles para tomar las denuncias en cada departamento y los criterios que aplicará Defensa del Consumidor para evaluar la situación patrimonial de los solicitantes, ya que el texto difundido por el público se difunde.