El Jurado de Enjuiciamiento apartó preventivamente al juez García Maañón y sostienen seis cargos en su contra
El magistrado de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro fue separado del cargo mientras avanza el jury iniciado por una denuncia de acoso sexual presentada por una funcionaria. La causa reúne seis imputaciones que van desde acoso hasta el uso irregular de la firma digital.
Qué pasó: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. Dónde y cuándo: la decisión se adoptó esta semana en La Plata, en el marco del expediente que se tramita desde 2025. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.
El origen de la denuncia
La causa se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en la cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes enviados por el juez con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. Acompañó la presentación con capturas de chats y archivos de audio como respaldo probatorio.
A partir de ese expediente se abrió un sumario administrativo y, en paralelo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal de instrucción José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General de la provincia formalizó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio al trámite formal del jury de destitución. Con posterioridad, se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.
Los seis cargos formulados
- Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según la denuncia original de la funcionaria.
- Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias.
- Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
- Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
- Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
- Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.
Instancia procesal y próximo paso
El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores. La carátula del expediente es por presunto mal desempeño y la etapa actual corresponde al análisis y valoración de la prueba reunida, en el marco del procedimiento previsto en la ley orgánica del Jurado. El próximo paso judicial será la producción y evaluación de las pruebas incorporadas, tras lo cual el cuerpo resolverá si avanza hacia el enjuiciamiento político del magistrado.
