El hombro roto que una cooperativa no quiso reubicar: cuatro años de pelea y una condena que llegó tarde

Lo conocí caminando por la ciudad de Neuquén, con el sobre del expediente bajo el brazo y la sensación todavía fresca de quien acaba de leer una sentencia que le da la razón después de cuatro años. Es un embalador de fruta que trabajó más de una década en una cooperativa del Alto Valle, y su historia empieza en un galpón de empaque y termina en la Cámara de Apelaciones, que acaba de confirmar lo que el primer juez había dicho en el Juzgado Laboral N°3: la empresa no podía limitarse a decir que no tenía un puesto adecuado para él, tenía que demostrarlo, y no lo hizo.

Diez años cargando cajas y un telegrama que cambió todo

El hombre ingresó a la cooperativa en enero de 2011 como embalador de primera categoría. Su trabajo cotidiano era armar y cargar cajas con fruta, una de las tareas más pesadas del galpón. En todo ese tiempo no acumuló sanciones ni llamados de atención. En agosto de 2021, en medio de una jornada cualquiera, se lesionó el hombro derecho. La ART se hizo cargo del tratamiento durante ocho meses y en abril de 2022 le extendió el alta médica con una condición que cambió su vida laboral: podía volver a trabajar, sí, pero solo si se le asignaban tareas adecuadas a su lesión. Levantar cajas de peras o manzanas quedaba directamente afuera de lo posible.

Con el certificado en la mano, mandó a la empresa un telegrama pidiendo la reincorporación. La cooperativa respondió por carta documento reconociendo la restricción médica pero afirmando, en criollo, que no había ningún puesto disponible que se ajustara a ella. El operario insistió por escrito, esta vez con más detalle: describió en qué sectores del galpón podía desempeñarse sin forzar el hombro. La respuesta volvió a ser la misma. Ante lo que consideró una negativa lisa y llana, se consideró despedido en forma indirecta, esa figura legal que permite al empleado cortar el vínculo cuando entiende que la empresa no le dejó otra salida que la calle.

Los testigos que la cooperativa no pudo tapar

En el juicio declararon seis compañeros de trabajo. Lo que contaron fue clave, porque describió tareas concretas que se podían hacer sin levantar peso y que, según ellos, eran las habituales para los operarios lastimados. Las enumeraron con nombre y apellido: el sellado de etiquetas, el fichado de cajas con engrudo y el colgado en el sector conocido entre los trabajadores como "el aéreo". Varios coincidieron en que, cada vez que alguien se lastimaba o quedaba con restricciones para cargar peso, la empresa lo reubicaba en esas funciones, como una lógica interna que el propio galpón conocía. Uno de los testigos llegó a señalar que al menos cuatro embaladores habían sido trasladados en situaciones parecidas a la del demandante.

Con esos testimonios sobre la mesa, el juez Luis Trani los valoró como "coherentes, ordenados y concordantes", y concluyó que la cooperativa tenía posibilidades reales de reubicar al trabajador y optó por no hacerlo. El fallo remarca un principio central en este tipo de litigios: cuando una empresa alega que no tiene puesto disponible para alguien con limitaciones de salud, es ella la que debe probarlo. La cooperativa no aportó pruebas en ese sentido, y la Cámara de Apelaciones terminó dándole la espalda.

Una indemnización que llega con sabor a poco

El monto de la condena quedó fijado en 676.751 pesos más intereses calculados desde 2022, una cifra que quedó muy por debajo de los más de cuatro millones que había reclamado la parte trabajadora en concepto de diferencias indemnizatorias. Para el hombre que camina hoy con el expediente bajo el brazo, el resultado es agridulce: la Justicia le reconoció que tenía razón y que la cooperativa lo empujó a la calle, pero la cuenta no terminó de cerrar. La condena, igual, ya está firme.

• El trabajador ingresó a la cooperativa en enero de 2011 como embalador de primera categoría y nunca había sido sancionado.
• Se lesionó el hombro derecho en agosto de 2021 mientras trabajaba y la ART le otorgó el alta con restricciones en abril de 2022.
• La cooperativa respondió a sus telegramas diciendo que no existían puestos disponibles para alguien con esas limitaciones, sin probarlo.
• Seis compañeros declararon en el juicio y describieron tareas livianas concretas: sellado de etiquetas, fichado con engrudo y el sector llamado "el aéreo".
• El juez Luis Trani valoró esos testimonios como "coherentes, ordenados y concordantes" y condenó a la cooperativa a pagar 676.751 pesos más intereses desde 2022.