El Gobierno extendió por un año la compatibilidad entre empleo rural registrado y los planes sociales

Alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios y unos 83.000 hijos de aportantes están alcanzados por la extensión del régimen de compatibilidad entre empleo registrado y planes sociales, según los datos oficiales que acompaña el Decreto 1204/2026 publicado esta semana en el Boletín Oficial. La medida prorroga por doce meses, hasta el 1 de septiembre de 2027, un mecanismo que permite a los trabajadores estacionales del agro conservar sus beneficios sociales durante las campañas agrícolas sin perderlos por acceder a un contrato formal.

Para dimensionar el universo cubierto, conviene señalar que la cifra de 50.000 personas equivale a poco más de la mitad de los 120.000 puestos de trabajo rural que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había señalado como expuestos a la incertidumbre antes de la renovación. La organización gremial había advertido que la falta de confirmación sobre la continuidad del régimen ponía en riesgo esa cantidad de empleos en todo el país.

Qué dice la norma y a quiénes alcanza

• Trabajadores bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, conocida como Ley 26.727.
• Personas que realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales, también contemplados en el régimen agrario.
• Trabajadores comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial, instrumentos que articulan aportes entre el sector productivo y las entidades gremiales para actividades específicas.

La lógica del esquema apunta a resolver una disyuntiva que enfrentan miles de familias rurales en cada temporada de cosecha: aceptar un empleo registrado y arriesgar los planes sociales que sostienen el hogar el resto del año, o rechazar la oferta formal para no perder esa red de contención. Desde su creación en 2021, el régimen permite que ambas cosas coexistan durante el período de contratación.

Beneficios que se pueden conservar y reglas de cómputo

Durante el contrato, el trabajador puede mantener las asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo, siempre que se cumplan las condiciones de cada prestación. La UATRE, siglas de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, había reclamado la continuidad de este esquema como condición para sostener la registración laboral en las campañas agrícolas.

Un punto sensible para el ingreso familiar es que las asignaciones familiares correspondientes a estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el programa destinado a hijos de trabajadores informales, desocupados o de bajos ingresos. Ese piso garantiza un monto mínimo para los hogares con hijos, independientemente de la duración de la temporada.

Cuando el vínculo laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales, con excepción de la Tarjeta Alimentar, pasan a computarse como parte del salario. La cláusula apunta a facilitar la transición hacia el empleo formal pleno sin que el trabajador perciba una caída en sus ingresos durante el proceso de inserción.

En paralelo, el esquema contempla una reducción de las contribuciones patronales, es decir, los aportes que los empleadores deben realizar a la seguridad social, para quienes contraten bajo estas modalidades. Se trata de un incentivo orientado a promover la registración laboral en un sector históricamente marcado por la informalidad, según los considerandos del decreto.

Queda por confirmar el grado de adhesión efectiva de los empleadores agropecuarios a las modalidades prorrogadas y el impacto que la renovación tenga sobre los indicadores de informalidad en las próximas campañas, dos variables que el Gobierno todavía no publicó y que marcarán el resultado concreto de la medida.