Condenaron a un enfermero de Rosario que vendía por redes sociales medicamentos robados del policlínico donde trabajaba

La Justicia federal de Rosario condenó a Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por haber sustraído medicamentos de su lugar de trabajo y comercializarlos a través de redes sociales para consumo recreativo. La sentencia también lo inhabilitó por el mismo período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos, según informaron fuentes judiciales.

Los cuatro delitos por los que recayó la condena

El fallo, homologado por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros el 4 de septiembre en una audiencia en la que intervino la Fiscalía Federal, abarcó cuatro cargos. En primer término, se le imputó comercio de estupefacientes, en la modalidad de venta de fentanilo. En segundo lugar, comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, figura bajo la que se encuadró la venta de bromuro de vecuronio. La lista se completó con hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, este último cargo vinculado a una pistola secuestrada durante uno de los allanamientos.

El acuerdo fue suscripto de manera plena entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Benavídez reconoció los hechos, aceptó su participación, dio por acreditadas las pruebas reunidas por la acusación, consintió la calificación legal y la pena solicitada por la fiscalía. La información disponible no precisa el año en que se celebró la audiencia.

Cómo se descubrió la maniobra

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años que fue hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El familiar aportó el teléfono y documentación ante la Unidad Fiscal Rosario y señaló que su hijo consumía fentanilo y otras sustancias que adquiría a un enfermero. Ese dato permitió abrir una pesquisa federal por la comercialización de los medicamentos.

Para reconstruir la operatoria, los fiscales analizaron conversaciones y mensajes de audio del teléfono de la víctima. De ese material surgió que Benavídez ofrecía sustancias de uso hospitalario y coordinaba las entregas. La acusación sostuvo que las obtenía del establecimiento donde se desempeñaba desde 2014.

Una muerte sin causa determinada

La pesquisa inicial por el fallecimiento del comprador había quedado archivada en la justicia provincial. La autopsia no logró establecer la causa de muerte y el laboratorio forense no contaba con las técnicas necesarias para detectar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, el resultado no permitió atribuir el deceso a una sustancia específica, lo que dejó la causa sin un imputado por el fallecimiento.

Con la homologación del acuerdo, la condena quedó firme en la instancia de garantías. El próximo paso será que el Servicio Penitenciario Federal determine el establecimiento donde Benavídez cumplirá la pena efectiva, ya que el fallo agotó la etapa de discusión sobre la responsabilidad penal y la calificación legal de los hechos.